La Guardia Civil ha detenido a 75 en Ciudad Real, por un supuesto fraude masivo en las ayudas del Plan Pive. Además, investiga a otras 29 en el marco de la denominada Operación Preveo. Supuestamente usaban documentación de vehículos dados de baja y entregados para su desguace en la tramitación de las subvenciones. En algunos casos, se llegaron a pagar 400 euros por la compra de la documentación de los coches implicados.
La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha confirmado la detención y puesta en libertad de estas personas, entre ellas compradores a las que el vendedor del vehículo nuevo ofrecía la posibilidad de transferir a su nombre un coche que cumpliera con las condiciones establecidas en la convocatoria vigente del Plan PIVE, para beneficiarse de las ayudas que ofrecían tanto la Administración como el fabricante del vehículo.
Entre los detenidos se encuentran 44 personas que obtuvieron ayudas públicas mediante este sistema y han sido detenidos por sendos delitos de estafa; otras 11 están relacionadas con la compraventa de vehículos a través de concesionarios y talleres, a quienes se les imputan también los delitos de estafa y, en algunos casos, falsificación de documentos.
Además, otras 20 son titulares, gerentes o trabajadores de gestorías en las que se llevaron a cabo este tipo de hechos, a quienes se les han imputado los delitos de usurpación de identidad y falsificación de documentos como medio para cometer el delito de estafa.
Una denuncia tras entregar un coche en un desguace
Las investigaciones comenzaron en diciembre de 2015 tras la denuncia de un vecino de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) al que le estaban cobrando el impuesto de vehículos de tracción mecánica por un vehículo que había entregado para su baja definitiva en un centro de tratamiento de residuos ubicado en La Solana.
La Guardia Civil descubrió la existencia de anomalías en la tramitación de la baja de este vehículo, que había sido transferido a una tercera persona y dado de baja a los tres días de esta transferencia sin que el denunciante prestara consentimiento alguno y realizó una inspección al establecimiento.
En el transcurso de esta inspección se descubrieron varias irregularidades y se intervino la documentación de más de 350 vehículos entregados en este centro para su baja definitiva, sospechando que con todos ellos se hubieran realizado actuaciones similares a las descritas.
Después de un primer análisis de la documentación incautada se pudo determinar que los documentos de los vehículos entregados para su baja estaban siendo utilizados para obtener ayudas públicas por la compra de vehículos nuevos, beneficiándose fraudulentamente del Plan Pive, destinado a la renovación del parque para reducir las emisiones contaminantes.
Para beneficiarse de esta ayuda, cuyo importe variaba en cada convocatoria, era necesario dar de baja un vehículo propio con más de diez años de antigüedad, sin que se exigiera un tiempo mínimo en la titularidad del vehículo entregado. En marzo de 2015 cambiaron las bases. Así, en la séptima edición del Plan Pive se comenzó a exigir que la titularidad en el momento de la entrega hubiera sido de al menos un año.
El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valdepeñas tomó manifestación individualizada a todos y cada uno de los antiguos propietarios de los vehículos que aparecían en las 350 documentaciones incautadas en el desguace, quienes pensaban que habían sido dados de baja al entregarlos en él.
También cotejó las documentaciones intervenidas en las distintas jefaturas provinciales de Tráfico que las habían tramitado, descubriendo que las firmas de los contratos de compraventa y otros documentos necesarios para realizar la transferencia, sellados por distintas gestorías, habían sido falsificadas para simular la intervención de la persona que había entregado el vehículo en el desguace. En el transcurso de la investigación se detectó la falsificación de la firma de alguna persona ya fallecida
'Modus Operandi'
El vendedor del vehículo nuevo ofrecía al comprador la posibilidad de transferir a su nombre un vehículo que cumpliera con las condiciones establecidas en la convocatoria vigente del Plan Pive, en el caso de que no dispusiera de ninguno, para beneficiarse de las ayudas que ofrecían tanto la Administración como el fabricante del vehículo.
En algunas ocasiones, los concesionarios enviaban a los compradores al desguace de La Solana para que compraran la documentación de un vehículo viejo, por las que pagaban cantidades que oscilaban entre 150 y 400 euros.
Una vez que la documentación necesaria en cada caso obraba en su poder, el concesionario la remitía a la gestoría con la que trabajaba. En este lugar se falsificaban las firmas de los contratos de compraventa y los documentos de transferencia para presentar las documentaciones completas ante la Jefatura Provincial de Tráfico respectiva, manteniendo la titularidad del comprador del vehículo nuevo apenas tres días, en los que se tramitaba la solicitud de las ayudas del Plan Pive. Posteriormente era dado de baja definitiva.
La Guardia Civil trata de determinar la relación de otras personas con hechos similares a los descritos, por lo que no se descartan nuevas detenciones y las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ciudad Real, quedando los detenidos en libertad.
