El testimonio de los ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia en la Audiencia Nacional por el caso de las tarjetas opacas empieza a arrojar luz sobre cuándo, cómo y quién fijo ese sistema de suedos o gastos supuestamente irregulares. Y el del que fuera número dos de Bankia, Francisco Verdú, era uno de los más esperados, tanto por haber sido consejero delegado de la entidad y tener por tanto que conocer al detalle lo que sucedía en la entidad como por ser uno de los cuatro exdirectivos que decidieron no usar su Visa B pese a tenerla a su disposición. El banquero ha señalado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que él ya disponía de una tarjeta legal para gastos de empresa y que es la que usaba, y que además consideraba las opacas una irregularidad. Llegado a este punto ha señalado como responsable al entonces presidente de la entidad, Rodrigo Rato.
Verdú, que comparece en esta causa como testigo, ha relatado ante el magistrado que fue el exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) quien a su llegada a Bankia, 13 días antes de la salida a Bolsa, le entregó esa tarjeta. El motivo es que que el real decreto del Gobierno que limitaba los salarios en las entidades con ayudas públicas impedía a la entidad pagarle el salario pactado. Rato, entonces, le ofreció esa Visa, explicándole que solo cuatro personas –Rato, Ildefonso Sánchez-Barcoj, José Manuel Fernández Norniella y él– la tenían y que no era necesario justificarla.
«Puedes usarla como quieras», le dijo Rato indicando solo que tenía un límite anual de 68.000 euros. «No la puedo aceptar, me parece una mala praxis», le contestó Verdú, según su relato, rechazando el sobre en el que se la estaba entregando. El exdirectivo ha explicado que no la usó, además de por parecerle una mala práctica, por no estar en su contrato y, dijo, «por oficio bancario», pues fruto de sus tres décadas de trabajo en el sector financiero entiende que no se puede utilizar una tarjetas de empresa sin ninguna justificación. «No entendía que teniendo ya una tarjeta de representación me diesen otra», ha afirmado.
«En 30 años en banca no había visto nada parecido», ha dicho durante la vista Verdú, que antes de desembarcar en Bankia había trabajado en Banco Vizcaya, BBV, Argentaria y Banca March. El banquero ha llegado a decir que la firma que consta en el supuesto contrato de su tarjeta «black» no es suya.
La versión de Verdú, que estuvo en Bankia apenas un año y está imputado por su salida a Bolsa, parece apuntar a lo ya declarado por otros exdirectivos: que Rato, lejos de poner fin a ese sistema de tarjetas opaco, lo mantuvo. Y supone una ruptura total con su antiguo jefe, a quien desmiente –Rato aseguró al juez que no trató este asunto con Verdú–, dejando en entredicho su comparecencia. Cabe recordar que Verdú, por su calidad de testigo, está obligado a decir la verdad.
Por su parte, el expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro, el primero en testificar esa mañana, ha corroborado las afirmaciones hechas estos días por otros exconsejeros y exdirectivos de que fue bajo la dirección de su sucesor, Miguel Belsa, cuando el uso de esas Visas se pervirtió y volvió opaco. Y garantizó que durante su mandato las tarjetas de empresa de Caja Madrid estaban dentro del circuito legal.
Según fuentes jurídicas presentes en la sala, Terceiro, presidente de Caja Madrid entre 1988 y 1996, ha explicado y demostrado con total clarividencia que las Visas de empresa que la entidad entregaba a sus directivos tenían soporte contractual, estaban registradas en la contabilidad de la caja y eran absolutamente transparentes a ojos de la Agencia Tributaria. El expresidente ha comenzado explicando que las creó a su llegada a la caja, en 1988, para gastos de representación.
El testigo detalló que esas tarjetas tenían un límite mensual de 600 euros, pero que nunca se elevó porque el gasto medio que se hacía era de entre 250 y 300 euros. Terceiro ha tratado de demostrar al juez que bajo su mandato reinó la austeridad, nada que ver con lo que luego sucedió en Bankia. Así, por ejemplo, recuerda el estricto control que llevaba del sistema el secretario del consejo, Ángel Montero, quien incluso rechazaba que se cargasen comidas los viernes y ponía reparos a los apuntes en hoteles de tres estrellas.
La versión del expresidente, que ha comparecido en la Audiencia Nacional en calidad de testigo, coincide con la expresada entre los pasados lunes y miércoles por otros exdirectivos de la caja que señalaron al magistrado que las tarjetas cubrieron hasta 1996 gastos de representación y que, con la llegada de Blesa a la presidencia, su uso se extendió a gastos personales y de libre disposición y se eliminó la necesidad de justificar los cargos que se hacían con esos plásticos.
Desfile de exconsejeros
Verdú y Terceiro han testificado este viernes junto con otros dos exconsejeros que tuvieron tarjeta B pero no la usaron, Esteban Tejera e Iñigo María Aldaz, que niegan incluso haber recibido una Visa de esas características, de cuya existencia se han enterado ahora por la prensa, y que disponían de una legal cuyo uso sí debían justificar. El quinto testigo en comparecer este viernes, el exdirector de auditoría interna Iñaki Azaola, cuyo departamento empezó a investigar en 2013 esas tarjetas, dio fe de la irregularidad del sistema imperante bajo los mandatos de Blesa y de Rato.
El auditor fue preguntado por su definición de circuito ordinario, donde tendrían que haberse enmarcado esas visas. Según Azaola, eso requiere un contrato y que cada directivo justifique sus gastos ante su superior y este los remita al departamento de recursos humanos para su verificación. «Estas estaban absolutamente al margen de todo eso», ha dicho.
Durante los tres primeros días de esta semana el magistrado ya tomó declaración a 27 exconsejeros y exdirectivos imputados, para muchos de los cuales el fiscal ha solicitado fianzas por las cantidades gastadas por cada uno. En este sentido, el exconsejero José Manuel Fernández Norniella, según informa Efe, ha hecho una transferencia a la cuenta de la Audiencia Nacional por 175.400 euros, después de que la Fundación Caja Madrid haya rechazado esa cuantía y pese a que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) haya puesto a disposición de los imputados una cuenta para que devuelvan el dinero gastado. El objetivo de Norniella, que llegó a ser vicepresidente de BAnkia y por tanto mano derecha de Rodrigo Rato, es evitar la posible fianza.
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